Casi tres años después de la aprobación de la nueva Ley del Juego de Aragón, el Gobierno de la Comunidad Autónoma tramita el desarrollo de la normativa con acciones como la limitación en el número de tragamonedas en los bares, pero sin embargo ha dejado al margen aspectos clave como el control de acceso a estas máquinas para menores o jugadores autoprohibidos.
Esto ha provocado el enfado entre el colectivo de afectados, que reclaman al Ejecutivo autonómico que aplique la legislación para que estos dos colectivos sensibles no accedan a los dispositivos en los locales de hostelería.
Hace unos días, salió a información pública el Reglamento General del Juego en Aragón, la principal herramienta para desarrollar la ley de 2023, que vio la luz al final del gobierno de Javier Lambán. Se trata de una normativa que aumentó las restricciones para un negocio legal, pero con una importante connotación social, ya que constituye un problema sanitario de primer orden.
Entre las medidas que impulsó la normativa de hace tres años están la limitación física de 500 metros entre los nuevos locales o la prohibición de sacar dinero con tarjeta de crédito en los propios establecimientos para poder jugar. También venían contemplados aspectos muy relevantes, pero pendientes de un desarrollo posterior, como la obligación de instalar en los tragamonedas dispositivos de acceso y control remoto, para mejorar el control de quienes hacen uso de ellas.
Qué implica el nuevo Reglamento del Juego de Aragón
El documento, en fase de información pública, cuenta con novedades importantes. Por un lado, reduce de seis a dos el número máximo de máquinas en los locales de hostelería, o excepcionalmente tres cuando pertenezcan al mismo operador.
Además, establece un tope para el total de este tipo de máquinas (denominadas B1) en la comunidad y fija el máximo en 5600 autorizaciones, frente a las 6200 existentes hasta ahora. Junto a esto, se obliga a las salas de bingo a cerrar a las 2 AM (igual que los salones de juego), dos horas antes que en la actualidad.
Sin embargo, el reglamento no aborda la implantación de mecanismos de identificación y control de las máquinas B1 en hostelería. Desde el Ejecutivo autonómico se limitan a asegurar que se sigue “estudiando”, pese al tiempo transcurrido de la aprobación de la ley.
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