La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil (SPA/MF) reforzó los derechos de los apostadores en conmemoración del Día del Consumidor, celebrado el día 15 de marzo.
De acuerdo con la legislación vigente, todos los usuarios deben recibir sus premios dentro del plazo establecido. Además, el mercado regulado exige que las plataformas ofrezcan atención eficiente y gratuita a los jugadores y garanticen la protección de los datos personales de cada uno.
La SPA informó que la retención de fondos sin justificación o las restricciones indebidas para retirar dinero pueden considerarse prácticas abusivas. El usuario puede comunicarse con el Servicio de Atención al Consumidor (SAC) y presentar reclamos en el sitio oficial del consumidor del Gobierno Federal.
Todas las empresas licenciadas en Brasil deben obligatoriamente presentar información clara sobre las reglas de las apuestas, las probabilidades y las condiciones de pago de premios. Asimismo, con la legislación vigente desde comienzos de 2025, queda prohibida la publicidad engañosa en el mercado nacional.
Las casas de apuestas online deben ofrecer herramientas de juego responsable para garantizar la protección de todos los jugadores en la plataforma, como funciones que permitan establecer límites de tiempo y de dinero apostado, así como la autoexclusión.
La SPA, en colaboración con la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), también ofrece un curso online gratuito orientado a la educación de los brasileños sobre apuestas, con certificación digital.
Temas como el funcionamiento del mercado, los derechos del consumidor y los principios del juego responsable, además de los impactos de las apuestas en la salud mental y la educación financiera aplicada al sector, forman parte del contenido del programa.
Daniele Corrêa Cardoso, secretaria adjunta de la SPA, comentó: “El mercado de apuestas de cuota fija pasó a operar en un entorno regulado en Brasil. Esto significa que existe una relación de consumo y que el ciudadano que apuesta tiene derechos garantizados. Informar al consumidor-apostador sobre estos derechos y sobre los riesgos de la actividad es una parte esencial de la política pública para el sector”.
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