En la provincia de Buenos Aires, los diputados Fabián Luayza y Viviana Romero presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley del Juego N° 15.079. La iniciativa busca reforzar la regulación de la publicidad de los operadores de apuestas online y limitar su alcance sobre menores de edad.
Según informó Diputados Bonaerenses, el proyecto fue presentado en medio del letargo legislativo de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en febrero de 2026 para abordar cuestiones vinculadas a la regulación, el control y la fiscalización de la industria del juego.
La propuesta incorpora a la normativa vigente la prohibición de que los operadores de juego online autorizados contraten influencers, streamers, deportistas profesionales, artistas, figuras públicas o instituciones deportivas para realizar campañas publicitarias o acciones de marketing destinadas a promocionar plataformas de apuestas.

Buenos Aires presenta un proyecto para regular la publicidad del juego online
A comienzos de julio de 2026 quedó finalmente constituida la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Presidida por la diputada Micaela Olivetto, la comisión fue creada para analizar las iniciativas legislativas relacionadas con la industria del juego y las apuestas.
En este contexto, los diputados Fabián Luayza y Viviana Romero impulsaron un proyecto que busca abordar una de las principales preocupaciones del sector: la exposición de menores de edad a la promoción del juego online.
La iniciativa propone modificar la Ley del Juego para impedir que los operadores habilitados utilicen figuras públicas o instituciones deportivas como parte de sus estrategias comerciales. La prohibición alcanzaría todo tipo de contenido promocional, incluyendo publicaciones patrocinadas, canjes, menciones comerciales, códigos de descuento, enlaces de afiliación y cualquier otra acción de marketing difundida a través de redes sociales o plataformas digitales.
Al respecto, los legisladores señalaron: “La legislación vigente regula la publicidad vinculada a operadores autorizados, pero no contempla expresamente estas modalidades de promoción indirecta, que constituyen actualmente uno de los principales mecanismos de captación de nuevos usuarios jóvenes”.
Además, el proyecto incorpora nuevas restricciones para la publicidad dirigida a menores de edad. En ese sentido, prohíbe el uso de elementos visuales, sonoros, personajes o recursos considerados atractivos para personas menores de 18 años, así como la difusión de este tipo de contenidos en espacios digitales, eventos o plataformas orientadas al público infantil y adolescente.
Por otra parte, la propuesta establece que los operadores autorizados deberán implementar mecanismos más rigurosos de verificación de identidad para constatar la edad de sus usuarios. Entre los estándares técnicos mínimos previstos se incluyen sistemas de biometría, reconocimiento facial, verificación documental electrónica e interoperabilidad con registros oficiales.
En caso de detectar una cuenta perteneciente a un menor de edad, el operador deberá suspender preventivamente al usuario, bloquear nuevas operaciones de juego y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos ingresos irregulares.
Asimismo, el proyecto plantea que el incumplimiento de estas obligaciones pueda ser sancionado con multas o con la suspensión temporal de la autorización para operar, según la gravedad de la infracción, la reiteración de la conducta y el perjuicio ocasionado. En los casos más graves, incluso podría disponerse la revocación de la licencia.
Al fundamentar la iniciativa, los diputados Luayza y Romano hicieron hincapié en la “expansión sostenida” de las apuestas online durante los últimos años, impulsada por la masificación de los teléfonos móviles, las redes sociales y las plataformas de streaming.
En ese sentido, concluyeron: “La presente propuesta no altera el régimen legal de explotación del juego autorizado en la Provincia de Buenos Aires ni restringe actividades lícitas desarrolladas por operadores habilitados. Su finalidad consiste exclusivamente en fortalecer los mecanismos preventivos existentes y adecuar la legislación provincial a los desafíos que plantea la realidad tecnológica actual”.