Un cruce de información entre organismos públicos en Chile reveló que cientos de funcionarios que administran o custodian fondos públicos habrían trasgredido una norma que les impide apostar en casinos.
El nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido en el Vigésimo Consolidado de Información Circularizada del 23 de marzo, expuso la situación.
A partir del cruce entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución por tener a su cargo recursos del Estado, y los datos de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), se identificaron 910 personas que realizaron apuestas en esos recintos entre enero de 2024 y junio de 2025. El monto total transaccionado asciende a más de 11.490 millones de pesos.
Sin embargo, la ley 19.995 contiene el artículo 10 letra b que establece que “quienes, por su cargo, tengan la administración o custodia de fondos públicos no pueden efectuar ‘por sí o por interpósita persona, bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juego’”.
Así, como destacó la prensa local, “la razón de esta prohibición responde a la necesidad de resguardar los recursos colectivos y evitar que quienes tienen esa responsabilidad se expongan a entornos que puedan comprometer su función”.
Aún así, el informe deja en evidencia que la norma fue vulnerada de manera sistemática. De los 910 funcionarios involucrados, 181 concentran el 96,8 por ciento del total apostado, es decir, más de 11.118 millones. Entre ellos, 20 personas suman 5.392 millones, y un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile destaca por haber jugado 1.040 millones. Las sumas, en estos casos, no guardan relación con los niveles de remuneración que perciben.
Ante estas cifras, el organismo contralor advierte que ya no se trataría únicamente de infracciones administrativas. “La magnitud de las apuestas realizadas por quienes concentran los mayores montos abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos”, por lo que la CGR iniciará una investigación.
En este sentido, el organismo envió las pruebas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que “determinen si existe mérito para una persecución penal”. Además, ofició a las 371 instituciones de origen de los funcionarios —entre ellas Carabineros, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y diversas municipalidades— para que inicien los sumarios administrativos correspondientes.
“Esas entidades deberán despejar cualquier duda sobre la conducta de los sumariados y aplicar las sanciones que correspondan, que pueden llegar hasta la destitución”, aseguraron.
La CGR, además, enviará el listado de los 910 involucrados a la SCJ para que esta “ejerza sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias sobre los operadores”.
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