Datos del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF), la unidad de inteligencia financiera de Brasil, indican que los informes de transacciones sospechosas relacionadas con casas de apuestas y loterías se dispararon en 2025.
Según la entidad, se registraron 27.600 alertas de transacciones sospechosas relacionadas con loterías y apuestas de cuotas fijas a lo largo de 2025, el primer año del mercado regulado.
Desde entonces, las empresas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) para operar en el país están obligadas a notificar al COAF cuando identifiquen alguna actividad sospechosa. Actualmente, 84 empresas están autorizadas para operar en el mercado regulado de apuestas y juegos online.
El número de informes de transacciones sospechosas el año pasado fue significativamente mayor que en 2024, cuando el la entidad registró solo 928 casos relacionados con casas de apuestas y loterías. También se registraron más casos en 2025 que en 2023 (1.157) y 2022 (1.344).
El COAF considera que la lucha contra el blanqueo de capitales sigue siendo débil
La agencia de inteligencia financiera entiende que las casas de apuestas ilegales representan el 40 por ciento del mercado. Existen fuentes en el sector regulado que estiman que el mercado clandestino, que generó 14.000 millones de reales en 2025, es incluso mayor.
Solo en 2025, la SPA y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) bloquearon más de 25.000 plataformas de apuestas ilegales.
Además de estos esfuerzos, la COAF ha estado brindando asesoría a bancos para ayudarlos a identificar cuentas vinculadas a plataformas de apuestas ilegales.
En 2025, 54 entidades financieras y de pago realizaron 1255 reportes a la SPA (Administración Financiera Española) indicando indicios de operaciones de apuestas ilegales. Tras el análisis, se identificaron 265 operadores ilegales y se cerraron 550 cuentas bancarias.
Sin embargo, muchos de estos operadores ilegales utilizan las llamadas “empresas fantasma”, término que describe el uso de números de identificación fiscal brasileños (CNPJ) previamente creados, y abren cuentas con fintechs para dificultar su identificación.
A diferencia de las instituciones financieras tradicionales, las fintechs no estaban obligadas a informar al COAF (Consejo para el Control de las Actividades Financieras).
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