A finales de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) anuló la reforma urbanística aprobada en 2023 por el pleno del Ayuntamiento de Lorca, cuyo objetivo era alejar los salones de juego de los centros educativos.
La decisión generó un fuerte impacto en la región y motivó diversas reacciones políticas. Una de ellas llegó desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a través de su representante Isabel Casalduero.
En este contexto, el PSOE ha solicitado al Gobierno municipal de Lorca que recurra la sentencia del TSJRM que dejó sin efecto la reforma. Según argumentan, la localidad triplica la media nacional en cantidad de locales de juego, lo que convierte la regulación en una cuestión prioritaria de salud pública.
El PSOE de Murcia pide revisar la sentencia
La resolución judicial se produjo luego de que dos establecimientos presentaran un recurso contra la modificación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO). Como resultado, la Sala de lo Contencioso del TSJRM anuló el proyecto que establecía una distancia mínima de 500 metros entre salones de juego ubicados en planta baja y centros educativos o instituciones de uso escolar, deportivo, sociosanitario o cultural. La reforma también fijaba una separación mínima de 1.000 metros entre las propias salas de juego.
Tras el fallo, el PSOE reiteró su pedido al Ejecutivo local para que revise la sentencia, subrayando que la Región de Murcia cuenta con una densidad de salones de juego muy superior a la media nacional. En ese sentido, remarcan que la reforma impulsada por el anterior gobierno municipal era “vital” para combatir el juego problemático.
Al respecto, la dirigente socialista sostuvo que el alejamiento de los locales de juego de los centros educativos es una medida clave, ya que el juego problemático “destroza vidas y familias cada día” y es necesario “alejar estos focos de adicción de los más vulnerables, que son nuestros jóvenes y las personas en tratamiento”.
Finalmente, desde el PSOE reclamaron que se interponga un recurso de casación contra la sentencia del TSJRM para evitar que quede definitivamente anulada la reforma aprobada en 2023.
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