El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero Cardenas, publicó en el medio colombiano La República una columna en la que cuestiona el enfoque con el que se viene dando el debate público sobre los juegos de suerte y azar en el país y advierte sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la estabilidad del sector.
En su análisis, Montero sostiene que la discusión suele construirse más desde la percepción que desde criterios técnicos. Según plantea, con frecuencia se regula con base en cifras incompletas, se formulan juicios sin comprender el modelo económico que sostiene la actividad y se adoptan decisiones bajo una lógica coyuntural más política que técnica. A su entender, este enfoque representa uno de los mayores riesgos actuales para una industria que contribuye de manera directa a la financiación del sistema de salud y a la economía formal del país.
El dirigente gremial remarca que el sector opera bajo un esquema altamente regulado y vigilado. Explica que los operadores autorizados deben cumplir estándares estrictos en materia de reporte, auditoría, prevención de lavado de activos, protección al consumidor y políticas de juego responsable. Sin embargo, advierte que la discusión pública parte de una premisa equivocada al confundir los montos apostados con los ingresos reales de las compañías, lo que, según indica, conduce a sobredimensionar supuestas utilidades que no reflejan la realidad financiera del negocio.
El modelo económico de la industria del juego
Montero insiste en que es fundamental comprender el modelo económico de la industria. Detalla que aproximadamente el 95 por ciento de las apuestas retorna a los jugadores en forma de premios, mientras que el margen operativo restante debe cubrir costos tecnológicos, licenciamiento, cumplimiento regulatorio, inversión en seguridad, personal, tributos y transferencias obligatorias al sistema de salud.
En ese contexto, afirma que no se trata de rentabilidades extraordinarias, sino de un “equilibrio matemático delicado” que garantiza la sostenibilidad del negocio y el recaudo para el Estado. Por ello, advierte que cuando las decisiones regulatorias desconocen esta estructura, el impacto no es marginal, ya que puede comprometer la viabilidad del sector formal.
En su columna también alerta sobre la inestabilidad jurídica y, especialmente, la inestabilidad tributaria como riesgos estructurales. Señala que los cambios frecuentes, las interpretaciones variables y los ajustes diseñados sin un análisis técnico profundo generan incertidumbre, afectan la planeación financiera e inhiben la inversión. A su juicio, un entorno impredecible reduce la competitividad y debilita el mercado formal frente a otras jurisdicciones con reglas claras y estables.
A ello suma la sobrerregulación y las demoras administrativas en autorizaciones, trámites y reglamentaciones de nuevos productos. Según expone, cuando la oferta legal no puede evolucionar con agilidad, el mercado ilegal ocupa ese espacio con mayor rapidez, ofreciendo modalidades no autorizadas, promociones agresivas y condiciones sin control estatal. Subraya que los operadores ilegales no pagan impuestos, no transfieren recursos a la salud, no protegen al consumidor y no aplican políticas de juego responsable. En esa línea, advierte que cada barrera innecesaria al sector formal termina convirtiéndose, en la práctica, en una ventaja competitiva para la ilegalidad.
Otro de los puntos que destaca es la distorsión en las cifras que sirven de base para regular. Montero cuestiona el uso de indicadores equivocados —como equiparar volumen apostado con ingreso real—, ya que, según sostiene, ello conduce a diagnósticos imprecisos y decisiones desproporcionadas. En su visión, la política pública debe sustentarse en datos rigurosos, metodologías claras y una comprensión adecuada del modelo financiero de la industria.
Finalmente, el presidente de Fecoljuegos aclara que el sector no solicita privilegios, sino estabilidad, proporcionalidad y decisiones fundamentadas en evidencia. Argumenta que un mercado formal, técnicamente regulado y financieramente viable aporta recursos sostenibles al Estado, genera empleo y protege mejor al consumidor que un mercado debilitado por la incertidumbre o desplazado por la informalidad.
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