A finales de la semana pasada, el Gobierno Nacional de Colombia expidió los decretos 0240 y 0241, con los que estableció un nuevo impuesto al consumo del 16 por ciento para las apuestas realizadas a través de plataformas de juego online.
“Los operadores legales no tienen hoy en día garantías para desarrollar su actividad. La vena rota de este sector está en las apuestas ilegales que el gobierno ha sido incapaz de controlar”, expresó Evert Montero Cardenas, presidente de Fecoljuegos, en una entrevista con el medio colombiano Semana.
Según lo establecido en la normativa, el gravamen se aplicará específicamente a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. El decreto define que el hecho generador del impuesto será el depósito en dinero que realice el usuario para poder participar en apuestas dentro de estos sitios web.
En términos prácticos, el impuesto se activará cada vez que un apostador transfiera recursos a su cuenta dentro de un operador de juegos online. El decreto señala que el depósito puede realizarse mediante diferentes mecanismos de pago, como dinero en efectivo, transferencias bancarias o incluso criptoactivos.
Montero afirmó que los dos decretos emitidos al amparo de una emergencia económica, relacionados con las apuestas online, tienen serias inconsistencias y, desde su perspectiva, las medidas evidencian un desconocimiento de esta clase de actividades.
“En primer lugar, se retomó un impuesto que está suspendido y en revisión por la Corte Constitucional. Se establece como hecho generador el depósito que hace el usuario en su cuenta, pero al mismo tiempo se fija como base gravable el ingreso real del operador, es decir, las apuestas menos los premios”, añadió el presidente de Fecoljuegos.
Según Montero, esa mezcla introducida no solo genera una incertidumbre jurídica y operativa, sino que, “no se entiende cómo se hizo y con qué consideraciones técnicas”.
“Otra perla es que el decreto referido a la adición presupuestal (el 0241) que se ordena, proyecta ingresos provenientes del IVA del 19 por ciento en juegos online, mientras que el 0240 habla de un impuesto al consumo del 16 por ciento. Es una diferencia muy compleja que no es menor y muestra que el diseño normativo fue muy mal concebido, que no hay conocimiento de la industria y ni siquiera de las decisiones que se están tomando”, declaró Montero.
Fecoljuegos expresó que los nuevos impuestos solo impulsaran la ilegalidad
El problema mayor es que el camino tomado para gravar los juegos de suerte y azar, según explicó el directivo de Fecoljuegos, solo llevará a incrementar la ilegalidad. “Al no darles las garantías competitivas a una industria que está entre las más controladas en el país, se abre aún más la puerta a la ilegalidad”, afirmó.
Para Montero, la ilegalidad es el gran beneficiario de las decisiones que está tomando el Gobierno, pues es sabido que en el país es muy fácil apostar ilegalmente y no solo a través de aparatos electrónicos, sino también presencialmente.
En su pronunciamiento, manifestó que se utilizan las pasarelas de pago para mover todos esos dineros de las apuestas ilegales y, pese a las reiteradas solicitudes de Fecoljuegos para que haya un control más contundente, no ha habido resultados.
Por todo ello, a Montero le resulta preocupante que, “por hacer un recaudo con unas medidas tributarias que son más de carácter político, lo que están generando es que se ponga en riesgo la sostenibilidad de la actividad”.
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