La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia presentó su informe de resultados, alcanzados en la gestión 2025, en la que destaca la ejecución superior a 90 por ciento de los recursos públicos asignados, en el ámbito de sus actividades regulatorias, de fiscalización y control de las actividades de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.
Durante el periodo, en el ámbito de la regulación de la AJ, se autorizaron 1226 promociones empresariales, mostrando el interés de los administrados en desarrollar sus actividades dentro del marco legal.
Este dinamismo ha repercutido en favor de la población, pues las empresas e instituciones que realizan promociones y sorteos entregaron premios por un valor de 573 millones de bolivianos, durante la gestión.
En la lucha contra el juego ilegal, se intervinieron 82 establecimientos de juego ilícitos, logrando el decomiso de 119 medios de juego y la destrucción de 230 máquinas y medios de juegos ilegales decomisados a nivel nacional.
El trabajo que realiza la institución cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, a través de la aprobación de la auditoría externa realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
Rodrigo Paz enviará al Congreso un proyecto para eliminar el impuesto al juego en Bolivia
Hace unos meses, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró que enviará al Parlamento iniciativas para eliminar diferentes impuestos, como los aplicados a los juegos de azar, las transacciones financieras y las promociones empresariales, argumentando que su peso en la recaudación es menor al 1 por ciento y que no compensan el costo de su gestión ni la pérdida de confianza para los inversionistas.
En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, Paz confirmó su intención de quitar diversos gravámenes que existen en el país y defendió la reciente decisión de su administración de eliminar el impuesto a las grandes fortunas, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce.
El presidente de Bolivia explicó que la intención original de este tributo era redistribuir recursos de los sectores con mayores ingresos, pero sostuvo que no cumplió esa expectativa. Según su visión, algunas normativas de gobiernos precedentes provocaron un éxodo de capitales, calculando que en los últimos seis o siete años se trasladaron alrededor de 7.000 millones de dólares fuera del país.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, insistió en que estos impuestos motivaron fugas de capital y un bajo interés de inversión internacional. Además, el Ejecutivo adelantó que buscará ajustar el Presupuesto General del Estado para 2026, con la meta de reducir el gasto público en al menos un 30 por ciento.
Paz manifestó la importancia de que esos recursos regresen al país, ya que su reinversión contribuiría al empleo y a la actividad económica. Por este motivo, consideró insuficiente la inversión extranjera directa registrada en Bolivia en 2025, cifra que ubicó en los 247 millones de dólares.
El gobierno afirmó que la eliminación de los cuatro impuestos y la reducción del 30 por ciento en el gasto público, prevista en la reforma al Presupuesto General del Estado, marcan el inicio de una serie de medidas que se implementarán de manera progresiva hasta marzo. Espinoza, señaló que estas acciones buscan sentar las bases para la recuperación de la economía.
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