La licitación del Casino Municipal de Viña del Mar sigue sin definiciones claras y el malestar crece entre los trabajadores. Mientras la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aún no publica las bases del proceso, los gremios denunciaron “falta de certezas” y la alcaldía advirtió que podría pedir que todo se reinicie si las condiciones no se ajustan a lo esperado.
En el centro de la discusión está la rebaja del piso mínimo de oferta económica, fijado inicialmente en 394 mil UF, un punto que generó controversia entre las autoridades locales.
Por su parte, la alcaldesa Macarena Ripamonti dijo: “Si la propuesta está por debajo de la oferta en una postulación, hay que volver a licitar o elegir al que haya postulado con una mejor carta”.
Asimismo, Diego Valerio, presidente del Sindicato N°1 del casino, explicó que la actual concesión —que vence en septiembre de 2028— llegó con una promesa de 1.241 empleos directos que nunca se cumplió. “Actualmente somos alrededor de 650 solamente”, afirmó, y agregó que el escenario actual los mantiene “con bastante incertidumbre”.
Desde el Sindicato N°4, Claudia Morales agregó que “las respuestas que ha dado la empresa han sido muy ambiguas, esto está todo en el limbo”. Y afirmó: “Estamos entre la espada y la pared sin tener respuestas claras de absolutamente nadie”.
El proceso, que debería definir al próximo operador del histórico casino, sigue sin fecha de resolución. Mientras tanto, la concesión actual sigue en vigor, pero con incertidumbre.
Fallas en la fiscalización del Casino de Viña del Mar
La polémica en torno al Casino Municipal de Viña del Mar se suma a un informe reciente de la Contraloría General de la República que expuso problemas en la fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Según publicó BioBio Chile, el organismo detectó que el Casino del Mar S.A. realizó un pago inferior al requerido y fuera de plazo en agosto de 2024 —más de 12 millones de pesos menos— sin recibir sanción alguna.
La SCJ habría validado el pago como cumplido “en tiempo y forma” debido a la aplicación de un valor incorrecto de la Unidad de Fomento, una discrepancia que el ente fiscalizador no identificó ni corrigió a tiempo. El informe también señaló “debilidades estructurales en los sistemas de control interno” de la SCJ, “con ausencia de manuales claros que afectan la capacidad de resguardar los recursos públicos”.
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