México llega a 2026 con un mercado de juegos y apuestas que creció más rápido que su propio marco normativo. Mientras la industria ya supera los 10 mil millones de dólares anuales, el país aún opera bajo una ley aprobada en 1947, un marco legal que no aborda los modelos digitales, la economía de datos ni los estándares actuales de protección al jugador. El proceso de modernización, largamente esperado, entró finalmente en una etapa decisiva entre nuevos impuestos, revisiones institucionales, una guerra explícita contra el lavado de dinero y un debate político que se fragmenta entre recaudación, responsabilidad y sostenibilidad.
Durante SBC Summit de 2025 en Lisboa, donde autoridades y líderes del sector analizaron el rumbo del mercado, ya se percibía que el año siguiente sería un punto de inflexión. Hoy, con un Paquete Fiscal 2026 aprobado, avances legislativos en curso y nuevas facultades para el fisco, queda claro que México se prepara para definir si puede convertirse en el mercado regulado más grande de Latinoamérica, o si corre el riesgo de fortalecer aún más a un sector ilegal que hoy concentra cerca del 60 por ciento de la actividad online.
Es en este contexto donde la voz de la Asociación de Permisionarios (AIEJA) y la de los expertos jurídicos se vuelve crucial para entender qué tan lejos puede llegar la industria y hasta dónde podrá absorber una agenda fiscal cada vez más exigente.
Un debate que madura tarde, pero justo a tiempo
En el panel Mexico: Reaching Market Maturity, or More to Go? de SBC Summit, moderado por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de AIEJA, los ejecutivos coincidieron en un diagnóstico: México es un gigante dormido. No por falta de dinamismo —la cifra de jugadores digitales trepó ya a más de 30 millones— sino por una ausencia estructural de reglas modernas.
Ochoa lo sintetizó entonces y lo reafirmó ahora: el país analiza en paralelo una nueva Ley Federal de Juegos y una reforma fiscal que eleva tasas al 50 por ciento para plataformas sin licencia. El desafío no es menor: ese nivel de impuestos colocaría a México entre las jurisdicciones más caras del continente.
El sector legal teme que un incremento así incentive el desplazamiento hacia operadores ilegales. Y los operadores internacionales, como Codere, Novibet o Betcris, ya advirtieron que la sobre-regulación puede convertirse en un boomerang, como ocurrió en España o el Reino Unido: cuando los costos de cumplimiento se vuelven demasiado altos, el segmento legal cae y el ilegal se dispara.
El CEO de Codere, Aviv Sher, lo explicó en Lisboa con una claridad que hoy sigue vigente: “México no tiene una regulación real, sino concesiones heredadas de mediados del siglo pasado. La discusión se ha centrado demasiado en cómo recaudar, en lugar de construir un marco capaz de sostener el crecimiento”.
La nueva ley, una promesa de orden después de 70 años
En octubre de 2025, el legislador Ricardo Mejía Berdeja presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca derogar por completo la ley de 1947. La propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, una autoridad desconcentrada que asumiría regulación, inspección y sanciones, reduciendo discrecionalidad y estableciendo reglas parecidas a las de Colombia o España.
La iniciativa también incorpora medidas de juego responsable, una edad mínima de 21 años y mecanismos de autoexclusión. Exige mayor transparencia operativa, prohíbe cajeros automáticos dentro de salas y propone establecer límites de apuestas basados en capacidad económica del jugador.
“Desde una perspectiva jurídica, una nueva ley de juegos que sustituya a la de 1947 implicaría un cambio estructural sin precedentes. No se trata únicamente de actualizar reglas obsoletas, sino de redefinir los fundamentos del modelo regulatorio: transitar de un sistema de permisos administrativos amplios y discrecionales a un régimen normativo integral, con criterios técnicos, obligaciones claras y un regulador especializado, que al mismo tiempo salvaguarde la protección de los jugadores y respete los derechos adquiridos de quienes, durante décadas, han apostado por la transparencia y el cumplimiento”, profundizó Andrea Avedillo Builla, Directora Legal de Lazcano Sámano.
Y agregó: “La creación de una autoridad autónoma o desconcentrada puede aportar mayor certeza y profesionalización, pero su diseño institucional será clave. La experiencia comparada muestra que un regulador fuerte y técnicamente capacitado reduce litigios, mejora el cumplimiento y genera confianza, siempre que exista una transición ordenada y reglas claras para el mercado existente”.
Uno de los cambios más discutidos es la sustitución total de los permisos actuales, limitando cada licencia a un solo establecimiento físico. Para algunos, esto democratizaría el mercado; para otros, generaría incertidumbre en cadenas ya operativas.
Sobre esto Avedillo Builla comentó: “Uno de los principales desafíos de implementación en caso de que esta iniciativa fuera aprobaba, será el tratamiento de los permisos vigentes. Limitar cada licencia a un solo establecimiento físico y sustituir el régimen actual sin mecanismos de transición claros podría generar riesgos relevantes de inseguridad jurídica. En un sector intensivo en capital, donde las inversiones se diseñan a largo plazo, la certeza regulatoria resulta tan determinante como la carga fiscal. Por ello, cualquier proceso de sustitución deberá respetar los principios de confianza legítima, gradualidad y proporcionalidad, evitando escenarios de disrupción que, paradójicamente, terminen fortaleciendo al mercado informal frente a los operadores que han apostado por la legalidad. El resguardo de los derechos adquiridos será un elemento toral para el éxito de una medida como la que plantea esta iniciativa”.
La propuesta también incluye un plan robusto contra el juego ilegal, con sanciones que pueden llegar a 200 mil salarios mínimos y facultades explícitas para clausurar establecimientos irregulares.
El golpe fiscal: un sector bajo presión
El Paquete Fiscal 2026 aprobó lo que el Congreso discutía desde hacía meses: un aumento del IEPS del 30 al 50 por ciento para el juego, incluidos casinos online, así como la obligación de que todas las plataformas se registren en el RFC y retengan la totalidad del impuesto.
El SAT además obtuvo facultades sin precedentes para acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales. Este cambio, que generó tensiones políticas, también reconfigura completamente el costo operativo de los operadores legales.
Pero la pieza más disruptiva llegó días después. Se trata de la reforma a la Ley de Amparo. A partir de su entrada en vigor, ninguna empresa puede frenar el cobro de impuestos sin antes garantizar el pago total. Esto golpea directamente a compañías con litigios históricos, como Codere o TV Azteca, y marca un giro en la cultura fiscal mexicana.
“Es importante recordar que el juicio de amparo es, ante todo, un mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a actos de la autoridad, concebido para proteger los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana. En ese sentido, los posibles efectos restrictivos derivados de la reforma no se limitan al sector de juegos; sin embargo, en este ámbito – y en paralelo a los cambios que se están implementando al interior del Poder Judicial –, la reforma obliga a los actores de la industria a replantear de manera profunda sus estrategias jurídicas y su relación con la autoridad fiscal”, continuó la Directora Legal de Lazcano Sámano.
Dentro del sector se interpreta como una señal de que la administración busca eliminar la “era del litigio infinito”, forzando acuerdos y pagos inmediatos.
Métodos de pago, criptomonedas y el dilema de la modernización
Durante el panel de SBC Summit, el debate sobre métodos de pago expuso otra tensión: la industria quiere modernizarse, pero teme quedar atrapada entre la regulación antigua y las obligaciones nuevas.
Winpot, por ejemplo, reconoció que la demanda por crypto en México ya existe y que decidió incorporarlas con transparencia ante el regulador. Novibet, en cambio, descartó categóricamente incluirlas. Betcris defendió el sistema bancario directo como el único modelo que ofrece trazabilidad absoluta.
Lo que sí es claro es que cualquier modernización deberá dialogar con el nuevo marco institucional, la supervisión reforzada y las exigencias del SAT en cuanto a trazabilidad de fondos.
¿Hacia dónde va México en 2026?
Si el país logra aprobar una nueva ley moderna, corregir la sobrecarga fiscal y coordinar políticas reales contra el lavado de dinero, México podría convertirse en el mayor mercado regulado de Latinoamérica, por encima de Colombia, Perú y Chile combinados. El tamaño de la demanda —más de 30 millones de jugadores potenciales— sostiene ese pronóstico.
Pero el riesgo también es grande: si la presión impositiva supera la capacidad de la industria, el mercado ilegal seguirá absorbiendo jugadores, operadores y recursos.
Frente a este dilema, lo que está en juego no es solo la recaudación: es la credibilidad del mercado, la protección al jugador y la posibilidad de construir una industria competitiva que atraiga operadores globales en lugar de expulsarlos.
México está a las puertas de una decisión histórica. Lo que defina en los próximos meses determinará si se encamina hacia su madurez regulatoria o si continúa atrapado en un esquema híbrido donde conviven innovación, incertidumbre y una informalidad que se profesionaliza más rápido que las leyes que buscan contenerla.
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