Un grupo de dueños y operadores de máquinas de juego ha emprendido acciones legales contra la Comisión de Juegos de Puerto Rico, acusando al regulador de la industria de paralizar de forma indefinida el proceso de licenciamiento del sector. La demanda, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan mediante un recurso de mandamus, busca una orden judicial que obligue al regulador a activar el trámite de recepción y adjudicación de solicitudes.
Los demandantes sostienen que, a pesar de sus intentos por someter sus documentaciones para ser reconocidos como dueños legítimos y obtener sus licencias, la Comisión ha mantenido una práctica de no recibir, no evaluar y no notificar determinaciones sobre estas peticiones. Esta situación, alegan, “deja en un limbo regulatorio a numerosos pequeños y medianos comerciantes en toda la isla y les impide el acceso a un proceso administrativo documentado y verificable”.
El abogado representante, Frank Torres-Viada, explicó el reclamo: “Este caso se trata de transparencia y de acción. Nuestros representados están solicitando algo básico: que la agencia reciba y tramite las solicitudes conforme a su propio marco legal y reglamentario”.
Además, el recurso subraya que el reglamento de la Comisión exige notificar cualquier deficiencia en las solicitudes dentro de un plazo establecido, una obligación que, según los operadores, no se ha cumplido, generando incertidumbre y sin una ruta formal para corregir posibles errores.
Adicionalmente, la demanda solicita que la Comisión divulgue toda la información pública asociada al licenciamiento y administración de las máquinas en ruta, bajo la Ley de Transparencia. Esta data, argumentan, es indispensable para una fiscalización pública efectiva y para conocer el estado real de la otorgación de licencias.
“Cuando una agencia no recibe solicitudes o no emite determinaciones formales, se afecta el debido proceso y se debilita la fiscalización pública. Por eso, acudimos al tribunal para que se ordene a la Comisión actuar y proveer la información que por ley debe estar disponible”, añadió Torres-Viada.
Puerto Rico actualiza su marco regulatorio
Recientemente, entró en vigor un nuevo reglamento que autoriza la confiscación de máquinas tragamonedas que operen fuera de la ley en Puerto Rico. La normativa, adoptada por la Comisión de Juegos y la Policía, establece procedimientos detallados para incautar y disponer de estos equipos, con el fin declarado de reforzar la fiscalización del sector. El director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán, enfatizó que operar sin licencia conlleva penas que pueden incluir cárcel, multas cuantiosas y la revocación de permisos, al tiempo que se avanza en un sistema de interconexión obligatoria de todas las máquinas para un monitoreo en tiempo real.
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