Rosario Masís Pérez, JPS: El panorama en Costa Rica tras el rechazo de la regulación del juego

Hacia finales de 2025, la Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica informó que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había avalado el Proyecto de Ley 25.057, lo que representaba un avance significativo en el fortalecimiento de los controles estatales y en la actualización del marco legal de los juegos de azar en el país.

Sin embargo, a comienzos de 2026, la misma comisión rechazó la iniciativa tras una votación interna. La decisión generó preocupación en la JPS, que ha insistido en la necesidad de ordenar el mercado de los juegos de azar y frenar el financiamiento del crimen organizado a través de loterías y apuestas ilegales.

En este contexto, SBC Noticias entrevistó a Rosario Masís Pérez, coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, quien se refirió al rechazo del proyecto y a las implicancias que esta decisión tiene para el sector, especialmente ante la ausencia de un marco jurídico actualizado que permita cerrar los vacíos legales existentes.

La postura de la JPS frente al rechazo del Proyecto 25.057

El Proyecto de Ley 25.057 tenía como objetivo principal cerrar los vacíos normativos en el sector de apuestas en Costa Rica, incorporando expresamente a las plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos dentro del marco jurídico vigente. A su vez, buscaba enfrentar la operación de juegos online no autorizados.

Entre sus principales propuestas, el texto contemplaba la creación de un “título habilitante” como requisito para autorizar a los operadores regulados, estableciendo procedimientos claros de control y supervisión.

No obstante, a inicios de este año, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazó la iniciativa. Como consecuencia, el expediente pasará ahora al Plenario Legislativo con un dictamen negativo de mayoría, instancia que definirá si el proyecto continúa su trámite o si es finalmente archivado.

Consultada por SBC Noticias, Masís Pérez explicó la posición institucional frente a este escenario: “La institución recibió esta decisión con preocupación, considerando que se trata de un proyecto trabajado técnicamente por la JPS junto con varias diputaciones, y que representaba una herramienta concreta para proteger recursos de fin social, fortalecer la legalidad y enfrentar un mercado donde operan estructuras ilegales que no aportan al país y sí generan riesgos sociales”.

Y agregó: “Desde la perspectiva institucional, el cambio de postura evidencia que el debate sobre juegos de azar, loterías ilegales y apuestas continúa enfrentando resistencias, aun cuando se trata de una necesidad país vinculada a la protección de recursos públicos y sociales. La JPS insiste en que el proyecto respondía a un objetivo de interés público: dotar al Estado de mejores instrumentos para enfrentar la ilegalidad, proteger a la población —especialmente a menores de edad— y garantizar que los recursos generados por esta actividad lleguen efectivamente al fin social”.

Respecto a los próximos pasos, Rosario Masís Pérez señaló que la JPS mantiene expectativas sobre la discusión en el Plenario Legislativo, órgano que deberá decidir si el proyecto continúa en debate. “La institución reitera su disposición de continuar aportando criterios técnicos y elementos objetivos a las señoras diputadas y señores diputados, con el propósito de fortalecer el debate y visibilizar la necesidad de contar con herramientas efectivas para combatir la ilegalidad y proteger recursos de fin social”, dijo.

Por qué la JPS considera que el proyecto es clave para el país

Desde la JPS sostienen que el expediente 25.057 respondía, y aún lo hace, a vacíos legales y operativos que permiten que un mercado de alta sensibilidad social y económica sea, en gran medida, capturado por estructuras ilegales.

Frente a esto, Masís Pérez sostuvo que entre los principales objetivos del proyecto se destacaban:

• Regular de forma clara y moderna la venta de loterías, juegos de azar y apuestas deportivas mediante el otorgamiento de títulos habilitantes.
• Penalizar la venta, administración y financiamiento ilegal de loterías y apuestas, incluyendo penas de prisión.
• Proteger a la población, especialmente a menores de edad, y promover el juego responsable.
• Garantizar que los recursos generados por esta actividad se destinen al fin social y no a redes criminales.

La falta de actualización normativa y el desafío del juego online

Finalmente, Masís Pérez advirtió sobre los riesgos de no avanzar en una actualización normativa, particularmente en un contexto en el que el mercado ha migrado con fuerza hacia entornos digitales: “La falta de actualización normativa mantiene intacto un mercado donde operan plataformas y redes ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de control, no protegen a menores de edad y no aportan recursos al fin social”.

Asimismo, remarcó que estos esquemas no solo escapan al control estatal, sino que también “generan flujos económicos que pueden ser aprovechados por estructuras criminales”, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de dotar al Estado de herramientas más eficaces.

En relación con el componente digital, subrayó que hoy constituye un eje central del debate: “El mercado ha evolucionado hacia plataformas y dinámicas online, lo que incrementa el riesgo de expansión de redes ilegales, suplantación y captación de recursos fuera de cualquier control institucional”.

De esta manera, la discusión en el Plenario Legislativo no solo definirá el futuro del expediente 25.057, sino también el alcance de la respuesta del Estado costarricense frente a un mercado digital en expansión que, según la JPS, continúa operando con importantes vacíos legales.