Canarias presenta un nuevo marco jurídico restrictivo para las apuestas

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha defendido en la Comisión Parlamentaria un nuevo marco jurídico restrictivo para las apuestas y los juegos en la Comunidad Autónoma de España “que ordene la dispersión existente a través de un instrumento de planificación único”.

Lady Barreto destacó que este proyecto de decreto cuenta con el visto bueno de la Comisión del Juego y Apuestas de Canarias. “Partiendo de los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, incorpora medidas orientadas a la modernización administrativa y a la protección social. Porque si de algo nos sentimos especialmente satisfechos en este gobierno, es del refuerzo en la protección a los colectivos vulnerables”, apuntó la consejera.

Por un lado, el gobierno blindará las zonas de influencia con el decreto Ley 7/2024, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, coincidiendo con el fin de la moratoria el 31 de diciembre de 2023. Esto impide la ubicación de casinos, bingos, salones de juego ni locales de apuestas a menos 300 metros de todos centros educativos y también de los centros de atención a menores registrados en la Comunidad Autónoma.

“Además de incluir a los Centros de Infantil y Primaria (CEIP) en la protección que antes solo tenían los de Secundaria Bachillerato, no hemos dejado ni un solo día de vacío legal para que no se pudieran abrir locales a menos de 300 metros de centros educativos”, señaló la consejera.

Nieves Lady Barreto añadió que “se ha demostrado que la moratoria fue un acierto porque, aun así, dentro de ese tope legal, han abierto 31 locales y todos tienen un expediente administrativo que pueden concluir con su cierre”.

Cuáles son los principales puntos del nuevo marco jurídico para las apuestas

La consejera recordó que, además, se ha regulado que la distancia de 200 metros entre locales sea también obligatoria entre salones de juego y bingos, de forma que no se puedan intercalar entre ellos.

Otra medida del decreto es que los salones recreativos y de juegos deberán tener obligatoriamente un control de acceso que verifique la edad y no solo la admisión. Así, el servicio de bar o cafetería instalado en los salones recreativos y de juegos garantizará que se impida la entrada o el paso de menores de edad por las zonas dedicadas al juego.

Por otro lado, se ha modificado el funcionamiento del “Registro de prohibidos de acceso al juego” estableciendo un plazo mínimo de 6 meses, de manera que una persona no pueda inscribirse y darse de baja al día siguiente, velando por su seguridad de forma sostenida en el tiempo.

En el plano de la modernización, se actualiza el “Reglamento de máquinas recreativas” para permitir la implantación de nuevos medios de pago electrónicos, alternativas al dinero en efectivo que ofrecen mayor trazabilidad y seguridad para todas las partes.

En cuanto a la planificación, respecto a los casinos, se mantiene el número total de establecimientos a nivel autonómico en 12, mientras que, para las salas de bingo, se establece un límite autonómico de 45. Ambos por concurso administrativo convocado por la administración gubernamental.

En el ámbito de las máquinas recreativas y salones de juego, la reglamentación introduce como novedad la exclusión de la planificación las máquinas de tipo A, de acuerdo con la normativa europea, “al no ofrecer contraprestación monetaria ni beneficio económico directo”. Las de tipo B (ubicadas en establecimientos de hostelería) pasan de 14.812 a 7.200.

Los salones de juego tendrán también límites estrictos por isla y se limita el crecimiento de nuevos salones a cuatro al año durante la vigencia del plan. Se incrementa su número en 26 a nivel autonómico. Respecto a los locales de apuestas externas, se reducen las autorizaciones de las 95 actuales a 35.

El contexto regulatorio de las apuestas en Europa

En este contexto, el nuevo marco jurídico de Canarias confirma una tendencia cada vez más visible en Europa: la de reforzar los controles sobre la oferta de juego. La combinación de límites estrictos en licencias, distancias obligatorias y controles de acceso más robustos dibuja un escenario en el que la actividad queda más acotada y supervisada, lo que, para muchos reguladores, resulta clave en términos de política pública.

Este tipo de medidas reflejan un cambio de paradigma que el sector no puede ignorar. Si bien las restricciones pueden generar tensiones con los operadores —especialmente por la reducción de autorizaciones y el freno a la expansión—, también evidencian una presión social y política creciente para establecer marcos más responsables.

A largo plazo, el desafío estará en encontrar un equilibrio sostenible entre regulación y viabilidad económica. Un entorno excesivamente restrictivo podría empujar parte de la demanda hacia canales no regulados, mientras que una supervisión efectiva y adaptada a las nuevas dinámicas digitales podría fortalecer la confianza en el sistema.

Para la industria, el mensaje es claro: la adaptación a normativas más exigentes ya no es una opción, sino una condición necesaria para operar en mercados cada vez más sensibles al impacto social del juego.