El mercado ilegal y la integridad deportiva, los principales retos del juego en Perú
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Carlos Fonseca, abogado especializado en derecho del juego y CEO de Gaming Law SAC, advirtió que el principal reto de la regulación peruana sobre apuestas deportivas es encontrar un equilibrio que permita canalizar la demanda hacia el mercado formal, sin generar incentivos que favorezcan a los operadores ilegales.
En una columna de opinión publicada en El Peruano, el especialista sostuvo que la actividad presenta una demanda “persistente y relativamente inelástica”, que tiende a incrementarse durante los grandes eventos deportivos internacionales, lo que obliga a diseñar un marco normativo que combine protección al consumidor, integridad deportiva y sostenibilidad regulatoria.
Según explicó, el primer gran desafío es combatir el mercado ilegal. Fonseca señaló que las plataformas que operan desde el extranjero sin autorización del Estado peruano cuentan con menores costos regulatorios y tributarios, una situación que puede generar distorsiones competitivas. “Si la regulación impone cargas excesivas o desproporcionadas a los operadores autorizados, se generan incentivos económicos para que tanto empresas como consumidores migren hacia la informalidad”, afirmó.
En ese sentido, consideró que una política pública eficiente no debe limitarse únicamente a la recaudación o la imposición de sanciones, sino que debe enfocarse en aumentar la canalización de los jugadores hacia las plataformas reguladas. Bajo esa lógica, subrayó la importancia de una estructura tributaria adecuada.
Fonseca recordó que, además de los impuestos generales aplicables a cualquier actividad empresarial, las compañías autorizadas en Perú deben abonar un gravamen específico equivalente al 12 por ciento sobre la base imponible determinada por las ganancias brutas del juego, cuya carga efectiva ronda el 11,76 por ciento del Gross Gaming Revenue (GGR). “Si bien, este nivel impositivo puede considerarse elevado, se encuentra dentro de los estándares observados en diversas jurisdicciones internacionales”, explicó.
No obstante, el experto recordó que posteriormente se añadió un impuesto selectivo al consumo (ISC) equivalente al 1 por ciento sobre cada apuesta realizada. Asimismo, destacó que el Congreso aprobó una iniciativa destinada a reforzar la lucha contra el amaño de partidos y fortalecer la integridad deportiva, aunque la propuesta fue observada por el Poder Ejecutivo y permanece pendiente de una eventual aprobación por insistencia. Ante este escenario, consideró necesario alcanzar una solución técnicamente adecuada que permita mantener la competitividad del mercado regulado y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de integridad.
Precisamente, el segundo gran desafío identificado por Fonseca es la protección de las competiciones deportivas frente a la manipulación de resultados y otras formas de fraude. Para ello, indicó que es indispensable una coordinación permanente entre reguladores, operadores, organizaciones deportivas y organismos internacionales. “Ello exige una estrecha cooperación entre autoridades regulatorias, operadores, organizaciones deportivas y organismos internacionales especializados”, sostuvo.
El abogado también destacó la relevancia de la Ley N.° 31557 y sus modificaciones, al considerar que constituyen un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico peruano. Según explicó, la norma regula por primera vez de manera integral los juegos y apuestas deportivas a distancia y trasciende el ámbito meramente administrativo, debido a su impacto en diversos derechos constitucionales y principios vinculados con la economía social de mercado.
Una nueva ley incluiría a los servicios de juego en el ecosistema del turismo formal
Un proyecto de Decreto Supremo plantea actualizar el marco de la Nueva Ley General de Turismo (Ley N° 32392) para incluir a los servicios de juego en el ecosistema del turismo formal.
En detalle, la norma busca incorporar a los casino y máquinas tragamonedas en el sistema regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Igualmente, esta medida no amplía la autorización para abrir este tipo de establecimientos libremente.
Según la Ley General de Turismo, los casinos y las máquinas tragamonedas ya estaban incluidos en la normativa previa, sobre todo cuando operaban dentro de hoteles y restaurantes de alta categoría.
El cambio clave que se propone es el reconocimiento más explícito y ordenado dentro del registro de prestadores turísticos. Es decir, que haya una integración más directa con políticas de desarrollo turístico (promoción e inversión), así como una mayor supervisión sectorial por parte del MINCETUR.
“En la actualidad, el sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas se encuentra íntegramente formalizado, siendo una actividad plenamente fiscalizada a través de mecanismos tecnológicos como el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, que permite al MINCETUR y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria monitorear en línea la actividad económica y tributaria del sector. Esta formalización garantiza transparencia en las operaciones y permite que el Estado ejerza funciones de fiscalización efectivas y oportunas”, se argumenta en el documento oficial.
De aprobarse, la medida entrará a modificar oficialmente el Anexo I de la Ley N.° 32392.
