La Comisión de Deportes del Senado Federal de Brasil reunió el miércoles a representantes del gobierno y líderes del sector para analizar los efectos del Proyecto de Enmienda a la Constitución sobre Seguridad Pública (PEC 18/2025) en la financiación del deporte.
El texto establece la asignación del 30 por ciento de los ingresos netos de las apuestas deportivas al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), lo que en la práctica, reduce los montos actualmente destinados al deporte.
Si bien reconocieron la importancia de fortalecer la seguridad pública, las entidades defendieron la necesidad de conciliar la medida con el modelo actual de promoción deportiva.
“Es fundamental preservar la continuidad de las políticas de inclusión y garantizar el deporte como pilar del desarrollo social y humano”, afirmó Giovanni Rocco, secretario nacional de Apuestas Deportivas del Ministerio de Deportes (MEsp), haciendo hincapié en la sostenibilidad del ecosistema deportivo como prioridad.
Las apuestas pueden financiar al deporte como una “política pública esencial”
Rocco argumentó que el deporte debe ser tratado como una “política pública esencial”, al mismo nivel que la educación y la salud. El funcionario citó datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), según los cuales las iniciativas deportivas de base pueden reducir la delincuencia hasta en un 30 por ciento en ciertas regiones, además de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad entre los jóvenes.
En la audiencia, el representante del sector de apuestas del Ministerio de Deportes también afirmó que el deporte es un derecho garantizado por el Estatuto de la Infancia y del Adolescente (ECA). Por estas razones, la práctica deportiva debe considerarse una “herramienta estratégica para la prevención y la protección social”, informó el funcionario.
Por su parte, la senadora Leila Barros, presidenta de la Comisión de Deportes del Senado, destacó que el tema exige un análisis profundo y un diálogo entre las partes para alcanzar un consenso, mientras que Eduardo de Oliveira Manso de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia agregó que las agendas son complementarias y no deben tratarse como mutuamente excluyentes.
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