El Juzgado de Garantía de Talca declaró admisible la acción judicial presentada por la organización ambiental Bio Eco Terra contra el proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, que impulsa la instalación de un casino de Dreams en las cercanías del humedal urbano Cajón del Río Claro y el estero Piduco, en la región del Maule.
La querella apunta a “eventuales responsabilidades penales vinculadas a la ejecución de las obras sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, lo que podría derivar en sanciones tanto para la empresa titular como para funcionarios públicos que participaron en la tramitación.
El proyecto, valuado en 21 millones de dólares, contempla un casino, restaurantes, salones de eventos, un centro de convenciones y un boulevard comercial en el sector ex FITAL, un terreno que linda con el humedal urbano reconocido oficialmente en 2024 y que por lo tanto está sujeto a estándares reforzados de protección ambiental.
La querella presentada contra la Sociedad de Ríos Claros S.A. incluye denuncias que acusan a la iniciativa de haber eludido su ingreso al SEIA pese a ubicarse en una zona sensible con napas subterráneas superficiales. Según los antecedentes, en la consulta de pertinencia presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la empresa informó que las excavaciones no superarían los 1,4 a 1,6 metros de profundidad, lo que supuestamente descartaría impactos sobre el acuífero.
Sin embargo, documentos posteriores —incluyendo antecedentes elevados por la propia compañía ante los tribunales— habrían incluido detalles de excavaciones cercanas a los tres metros, es decir, más del doble de lo declarado originalmente. “Si esos datos se confirman, el fundamento técnico que permitió excluir el proyecto del SEIA quedaría seriamente cuestionado”, remarcó la prensa local.
Todo esto habría ocurrido pese a la existencia de informes técnicos previos, como los de la Dirección General de Aguas (DGA), que advertían sobre la fragilidad del terreno y los efectos nocivos que intervenciones de esa magnitud podrían generar en el acuífero. A pesar de esas alertas, y de las gestiones realizadas tanto por la empresa como por las autoridades ambientales, la instalación del casino Dreams Talca logró la aprobación sin evaluación ambiental.
Sin embargo, la admisión de la querella se produce justo cuando las obras ya se encuentran en ejecución. Pese a las múltiples denuncias ciudadanas, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recientemente decidió solicitar nuevos antecedentes a la DGA para evaluar posibles daños, mientras que las organizaciones ambientales calificaron esta decisión como una “reacción tardía”.
La acción judicial coincide, además, con el reciente retiro por parte del gobierno de José Antonio Kast de 43 decretos ambientales de la administración anterior desde la Contraloría.
En este marco, la querella de Bio Eco Terra busca establecer “eventuales responsabilidades penales por la entrega de información contradictoria o incompleta a la autoridad, así como por la ejecución de obras que podrían haber requerido evaluación ambiental obligatoria”.
Desde la organización ambiental señalaron que este caso no solo cuestiona las acciones del titular del proyecto, sino también la actuación de los organismos públicos que permitieron que la instalación del casino avanzara sin exigir el ingreso al SEIA, pese a los informes que alertaban sobre sus impactos en el humedal.
El proyecto Dreams Talca y las irregularidades denunciadas
El proyecto del casino Dreams en Talca ya había sido cuestionado previamente en la Justicia por presuntas irregularidades ambientales. La acción legal presentada por la Corporación Bioecoterra contra la Sociedad de Ríos Claros S.A. solicita que se investigue también la participación de funcionarios públicos que intervinieron en su tramitación.
Según los denunciantes, el predio de la obra se encuentra junto al humedal urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, un ecosistema con reconocimiento oficial desde 2024 y sujeto a estándares reforzados de protección.
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