Los empresarios del juego buscan que el gobierno de Argentina apruebe un decreto para transferir la jurisdicción de los barcos casino y el Hipódromo de Palermo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Nación. La operación les permitiría extender sus concesiones, pagar menos impuestos y cambiar las reglas de reparto de ganancias, mientras que la Ciudad perdería una fuente millonaria de ingresos.
Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával mantuvieron negociaciones con el gobierno de Javier Milei para avanzar con un decreto que modifique la jurisdicción a la que tributan sus salas de juego. Primero se reunieron con Santiago Caputo, quien impulsó la redacción de un borrador. Sin embargo, ante la interna del oficialismo, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
Cabe destacar que en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri transfirió por decreto los juegos de azar a la Ciudad. Aquella decisión, “basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte”, evitó al Congreso.
Ahora, los empresarios buscan seguir el mismo proceso. “Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó”, señaló un funcionario porteño preocupado por la pérdida de miles de millones de pesos mensuales en concepto de canon e Ingresos Brutos.
Los barcos casino surgieron de una licitación impulsada por el ex presidente argentino Carlos Menem, quien otorgó el permiso de operación de dos casinos flotantes por 25 años. Tras múltiples idas y vueltas —que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales durante la pandemia—, los barcos “Estrella de la Fortuna” y “Princess” continuaron operando con concesiones vencidas.
Hace un año, la Corte Suprema revocó una cautelar que permitía a Casinos de Buenos Aires SA seguir explotando los barcos y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolver sobre otra medida cautelar pendiente.
Si bien aún no ha habido una resolución, los empresarios de casinos Benedicto, Achával y los Lao saben que un fallo adverso los perjudicaría, por lo que se acercaron al gobierno nacional en busca de una salida política.
De concretarse el traspaso, Nación pasaría a cobrar miles de millones de pesos mensuales “que ingresarían al reparto de coparticipación federal”.
Los dueños de los casinos también buscan dejar de pagar Ingresos Brutos en la Ciudad y modificar el esquema de reparto de utilidades. Antes del traspaso a la órbita porteña, los concesionarios se quedaban con el 70 por ciento de las ganancias; después de aquel cambio, ese porcentaje se redujo al 30.
Por otro lado, un cambio de jurisdicción habilitaría una nueva prórroga de las concesiones, ya que el contrato del Hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante. En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación, y el empresario del juego Daniel Angelici está negociando esa “indemnización” con sus colegas.
El Casino Flotante opera con concesiones vencidas
El Casino Flotante de Puerto Madero atraviesa un período de concesiones vencidas, un fallo judicial adverso y creciente presión gremial. Desde 2019 funciona bajo permisos caducos, amparado únicamente por medidas cautelares que la Corte Suprema revocó en marzo de 2025, al considerar “arbitraria” la prórroga del contrato original.
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