El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ha convocado las subvenciones para la realización de estudios de investigación sobre trastornos derivados de la actividad del juego, correspondientes al ejercicio 2026.
Estas subvenciones, que este miércoles se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuentan con una dotación presupuestaria de 950.620 euros y tienen como objetivo fomentar el desarrollo de estudios de investigación para prevenir y detectar trastornos o riesgos asociados a la actividad del juego. Los proyectos seleccionados se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el lunes 22 de junio de 2026. Los centros públicos y privados de investigación que deseen inscribirse deben realizar la solicitud a través de la sede electrónica de la DGOJ, y la ejecución de los proyectos beneficiarios deberá ejecutarse antes del 30 de junio de 2027.
España abre consulta pública sobre la modificación de la Ley de Regulación del Juego
Hace unos días, el ministerio también anunció la apertura de una nueva consulta pública con el objetivo de modificar la Ley de Regulación del Juego. La iniciativa busca “reforzar los controles, mejorar la prevención y actuar con más herramientas frente al juego ilegal”.
De esta manera, el país apunta a adaptar el marco normativo al crecimiento sostenido del juego online y al avance de las nuevas tecnologías, con el foco puesto en la protección de los usuarios. En ese sentido, desde Consumo adelantaron que uno de los principales objetivos será establecer nuevos límites al uso de influencers y celebridades en la publicidad y las promociones vinculadas al sector.
Según informó la DGOJ, la consulta pública permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2026. Durante ese período, cualquier ciudadano en España podrá presentar aportes y opiniones sobre los objetivos de la reforma de la Ley de Regulación del Juego y las posibles medidas a implementar.
La normativa actual lleva vigente más de 15 años y, frente al crecimiento del juego online y la transformación digital del sector, el regulador considera necesario avanzar hacia una actualización legislativa que responda a los desafíos actuales. El objetivo principal es fortalecer la protección de los consumidores y combatir con mayor eficacia el crecimiento de la oferta ilegal.
La propuesta contempla limitar tanto las promociones directas como la publicidad orgánica en buscadores, con el fin de que únicamente aparezcan anuncios de operadores autorizados cuando las búsquedas estén directamente vinculadas con apuestas o juego online.
La medida también responde a una preocupación creciente sobre el impacto que tienen las figuras públicas y los creadores de contenido en las audiencias. De esta manera, establecer límites más estrictos sobre la promoción de sitios de juego aparece como una decisión necesaria para reducir riesgos y evitar la normalización del acceso al juego ilegal a través de referentes con gran alcance e influencia social.
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