Rincón Jurídico, LOYRA Abogados: “Paradójicamente, el sector que acusan de más adictivo es hoy uno de los más estrictamente regulados”

SBC Noticias presenta una nueva edición de Rincón Jurídico, el espacio dedicado al análisis de los temas que atraviesan a la industria del juego. En esta oportunidad, Cristina Romero de Alba, socia de LOYRA Abogados, estudio con más de cuatro décadas de experiencia asesorando a la industria del juego, aborda una discusión que trasciende el sector pero lo influye de forma directa: la decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

En esta columna, la abogada plantea una pregunta de fondo: ¿estamos protegiendo realmente a los menores o simplemente desplazando el problema hacia espacios menos controlados? La experiencia del juego regulado, sometido a estándares de verificación de identidad y control mucho más exigentes que los de las plataformas sociales, ofrece una advertencia.

El reciente anuncio del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha abierto un debate sobre privacidad y salud mental. Desde la perspectiva del derecho regulatorio y la industria del juego —sector en el que LOYRA lleva más de 40 años asesorando y donde el concepto de juego responsable forma parte del núcleo regulatorio— sabemos que la línea que separa un videojuego o una red social de una plataforma de apuestas es cada vez más delgada. La “gamificación” ha encontrado en el scroll infinito y en los algoritmos de recompensa de las redes sociales, hoy mucho menos regulados, un terreno fértil.

Cuando un menor interactúa con una red social, su cerebro procesa la incertidumbre del “like” de forma no muy distinta a como un adulto procesa la caída de la bola en la ruleta. Sin embargo, existe una diferencia jurídica esencial: el acceso al juego online en España está sometido a un sistema de verificación de identidad obligatorio, previo y documental. No basta con declarar la edad. Los operadores con licencia deben comprobarla de forma efectiva antes de permitir el registro y la participación. Las sanciones por incumplimiento son severas y pueden comprometer la licencia.

En las redes sociales, en cambio, el control de edad ha descansado históricamente en mecanismos de autodeclaración o sistemas cuya robustez técnica no alcanza el estándar exigido al juego regulado. Paradójicamente, el sector que el legislador identifica de forma más visible con el riesgo adictivo es, a día de hoy, uno de los entornos más estrictamente regulados.

Al prohibir el acceso de menores a determinadas plataformas, la intención declarada es proteger frente al cyberbullying y a contenidos nocivos. Pero el debate de fondo es más amplio: la arquitectura de la dopamina que subyace a determinados diseños digitales no es exclusiva del juego. La diferencia es que en el juego esa arquitectura está sometida a límites normativos, obligaciones de información, controles de conducta, sistemas de autoexclusión y monitorización permanente por el regulador.

España avanza, una vez más, hacia un escenario regulatorio más intervencionista en el ámbito digital, como ya ocurrió en el sector del juego online. El Real Decreto 958/2020 y la normativa posterior en materia de entornos de juego más seguros supusieron un punto de inflexión: restricciones severas a la publicidad, límites adicionales y mayores obligaciones para operadores legales, sometidos a licencia, fiscalidad específica y supervisión continua por la DGOJ. El objetivo era reforzar la protección de colectivos vulnerables.

Sin embargo, la experiencia demuestra que toda prohibición o restricción drástica conlleva un riesgo: la migración hacia la oferta ilegal. Cuando se limita en exceso la actividad de operadores regulados —aquellos que aplican controles de identidad, límites de depósito, mecanismos de autoexclusión y protocolos de juego responsable— se abre un espacio que es ocupado por plataformas sin licencia, alojadas fuera de la Unión Europea y sin salvaguardas efectivas. En esos entornos no hay verificación de edad real, ni límites, ni canales de ayuda. El menor y el vulnerable quedan, paradójicamente, más expuestos.

Este mismo riesgo se proyecta ahora sobre las redes sociales. Prohibir de forma tajante el acceso a menores de 16 años puede resultar políticamente contundente, pero técnicamente es complejo. Los menores con mayor competencia digital pueden eludir restricciones mediante identidades falsas, VPNs o migración a plataformas descentralizadas. El ecosistema no desaparece: se desplaza a espacios menos visibles y controlables.

Desde la óptica del juego responsable, la lección es clara. La protección efectiva no se logra expulsando al usuario del mercado regulado, sino manteniéndolo dentro de un marco donde existan normas exigentes, supervisión y herramientas de mitigación del riesgo. El juego regulado no busca “enganchar” sin límites; busca ofrecer una actividad de entretenimiento dentro de parámetros estrictos, con controles obligatorios y mecanismos de intervención temprana cuando se detectan patrones problemáticos.

El modelo económico de muchas redes sociales, por el contrario, descansa en maximizar el tiempo de permanencia y la interacción continua. El engagement no es un efecto colateral, sino el núcleo del negocio. Esa diferencia estructural debería formar parte del debate regulatorio.

Esto no significa negar la necesidad de regulación. Al contrario: la experiencia del juego demuestra que una regulación inteligente, basada en el riesgo y en la responsabilidad compartida, es más eficaz que la prohibición absoluta. En el ámbito digital, ello debería traducirse en verificación de identidad robusta, obligaciones técnicas sobre diseño responsable, mayor transparencia algorítmica, educación temprana y herramientas efectivas para familias y educadores.

Existe además un componente económico y de seguridad jurídica. Debilitar al sector legal reduce la capacidad del Estado para supervisar y sancionar, mientras fortalece a actores opacos que no asumen responsabilidad alguna. El mercado ilegal no protege derechos fundamentales ni colabora con las autoridades.

Si España decide avanzar hacia restricciones en redes sociales, debería hacerlo aprendiendo de los aciertos y errores de la regulación del juego online. Hoy, el juego es uno de los sectores más estrictamente regulados en materia de acceso de menores y protección del usuario. La cuestión no es si regular, sino cómo hacerlo de manera eficaz y proporcionada.

Un anuncio no es una ley. Y en derecho regulatorio, el diablo —como siempre— está en los detalles. La prohibición debe ser el último recurso, no el primero.