El PT presenta un proyecto de ley para prohibir las apuestas en todo Brasil

El diputado federal Pedro Uczai, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, presentó el martes 14 por la noche el Proyecto de Ley n.° 1808/2026, que busca prohibir “la explotación, oferta, promoción y facilitación de apuestas de cuotas fijas en todo el país”.

Este proyecto de ley se presentó una semana después de que el presidente de la república Luiz Inácio Lula da Silva, líder del PT, declarara que, de estar en sus manos, cerraría todas las casas de apuestas en Brasil.

Según el presidente, el sector de las apuestas está endeudando a las familias brasileñas. De acuerdo con datos de Serasa, 81,7 millones de brasileños estarán endeudados en 2026. Sin embargo, la principal causa del endeudamiento son los intereses que se cobran sobre las deudas vinculadas a tarjetas de crédito y sobregiros.

Propuesta del proyecto de ley presentado por el PT

El Proyecto de Ley N° 1080/2026 propone derogar disposiciones de la Ley N° 13.756/2018 y la Ley N° 14.790/2023, conocida como la Ley de Apuestas y sancionada por el propio presidente Lula en diciembre de 2023.

El proyecto de ley propone la prohibición a nivel nacional de la explotación, operación, oferta, difusión, publicidad, intermediación y facilitación de apuestas de cuotas fijas, tanto en entornos presenciales como online. Además de este proyecto de ley, existe otro que busca prohibir la publicidad de apuestas en todo el territorio nacional, actualmente en trámite en el Senado Federal.

El texto también establece que la prohibición se extendería a los agentes radicados en el extranjero cuando la actividad esté dirigida al público ubicado en Brasil. La prohibición abarca apuestas deportivas y no deportivas, así como juego online como casinos virtuales, ruleta, máquinas tragamonedas, juegos de azar, juegos de cartas y juegos de fantasía estructurados como apuestas y modalidades similares. 

La prohibición no se limitaría a los operadores. También se extendería a personas físicas y jurídicas, plataformas digitales, redes sociales, motores de búsqueda, aplicaciones, servicios de alojamiento web, computación en la nube, registradores de dominios, tiendas de aplicaciones e instituciones financieras o de pago que contribuyan a la actividad.

En la práctica, este proyecto de ley busca interrumpir no solo la operación directa de las apuestas, sino también toda la cadena económica, tecnológica, comercial y publicitaria que sustenta el sector.

El texto también incluye una prohibición expresa de la publicidad, el patrocinio y las acciones promocionales relacionadas con las apuestas de cuotas fijas. La medida abarca el marketing de influencers, los programas de afiliados, las promociones de bonos, las apuestas gratuitas, los reembolsos, los códigos promocionales y los códigos QR.

El alcance de la prohibición se extendería a medios de comunicación, clubes, ligas, federaciones, confederaciones, artistas, influencers, anunciantes y agencias. El proyecto de ley también prevé la eliminación, el bloqueo, la retirada de la publicación y la suspensión de aplicaciones, sitios web y otras interfaces digitales relacionadas con la actividad.

Funciones de Anatel, Banco Central y COAF

Para facilitar la implementación de la propuesta, el proyecto de ley asigna a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), en coordinación con la autoridad federal que se designe en la normativa, la adopción de medidas técnicas para impedir el acceso a sitios web, dominios, aplicaciones y servicios digitales relacionados con apuestas ilegales.

Estas medidas pueden incluir el bloqueo de dominios, URL, direcciones IP y DNS, la desindexación en motores de búsqueda, la eliminación de aplicaciones de tiendas digitales y la interrupción de la monetización, el alojamiento y la actualización de estas estructuras. El proyecto de ley también exige que los proveedores de internet, las redes sociales, los motores de búsqueda y otros agentes de la cadena digital cumplan de forma continua con las órdenes de bloqueo y conserven los registros y metadatos durante al menos cinco años.

En el ámbito financiero, la propuesta establece que las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago adopten mecanismos permanentes para prevenir, identificar, bloquear e interrumpir las transacciones relacionadas con apuestas ilegales. El Banco Central sería responsable de regular el cumplimiento, la trazabilidad y las normas de bloqueo, mientras que el Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF) recibiría los informes de transacciones sospechosas.

El proyecto de ley también prohíbe los mecanismos de elusión, como los recursos o servicios creados específicamente para sortear bloqueos, si bien permite el uso lícito y general de herramientas de privacidad, ciberseguridad y acceso remoto corporativo.

La propuesta también contempla sanciones administrativas y penales. Las multas podrían oscilar entre 50.000 y 2.000 millones de reales, además de sanciones como la suspensión de actividades, la revocación de licencias y la prohibición de contratar con el sector público por hasta 10 años. 

En el ámbito penal, el texto establece penas de prisión para operadores, intermediarios financieros, promotores y agentes que ofrezcan mecanismos de elusión, con circunstancias agravantes en casos que involucren a personas vulnerables, personas influyentes de alto impacto u organizaciones criminales.

¿Qué dice la justificación del proyecto?

En la justificación del Proyecto de Ley 1.808/2026, el diputado Uczai argumenta que la legalización de las apuestas de cuotas fijas ha generado efectos sociales, económicos y sanitarios que, a su juicio, justifican la derogación del marco legal y el restablecimiento de la prohibición de esta actividad en Brasil. 

En opinión del diputado, las apuestas han dejado de ser consideradas entretenimiento y se han convertido en un mecanismo para apropiarse de los ingresos populares, agravar el endeudamiento familiar, ejercer presión sobre los presupuestos de los hogares y afectar principalmente a los grupos más vulnerables.

El texto cita un estudio publicado por el Instituto Brasileño de Ejecutivos Minoristas (Ibevar) y la Escuela de Negocios FIA, que señala a las apuestas como el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar en Brasil. Este estudio fue cuestionado por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) tras su publicación.

La justificación también alega que el impacto de las apuestas ha trascendido el ámbito individual y ha comenzado a afectar a la economía en su conjunto. El congresista cita datos sobre los miles de millones de dólares que mueven mensualmente las plataformas, la reducción del consumo familiar y las pérdidas para el comercio minorista, además de mencionar que parte de estos ingresos se han desviado del gasto esencial y de la economía real hacia un circuito calificado de depredador.

El texto señala que el aumento de la atención relacionada con el juego problemático en el Sistema Único de Salud (SUS), la creación de servicios de telesalud en salud mental y el sistema centralizado de autoexclusión demuestran que el propio Estado ya reconoce el daño del juego digital. También resalta la incidencia del problema entre los beneficiarios del programa Bolsa Família, lo que, según el congresista, refuerza el carácter socialmente perjudicial de esta actividad.

“La propuesta se justifica, en resumen, por la necesidad de proteger la salud mental de la población, contener la generación de adicción, abordar el sobreendeudamiento, prevenir el drenaje de los ingresos populares, salvaguardar el comercio minorista y defender la economía real frente a un circuito de extracción financiera depredador”, escribió Uczai al final de la justificación.

“El Congreso Nacional tiene plena legitimidad para prohibir una actividad económica que ha incrementado la vulnerabilidad de las familias, ejercido presión sobre el SUS (Sistema Único de Salud), comprometido los ingresos de los beneficiarios de programas sociales y desviado miles de millones de reales del consumo y la actividad productiva hacia plataformas basadas en la coacción y la pérdida recurrente. La protección de la sociedad brasileña, la economía popular y la dignidad material de las familias exige la prohibición de las apuestas en Brasil”, concluyó el diputado.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Ahora le corresponde a Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados, programar o no la votación del proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario del PT.

En febrero, cuando el proyecto de ley que prohíbe la publicidad de juegos de azar en todo el territorio nacional avanzó en el Senado, Motta se mostró reacio a apoyarlo. “Debemos proceder con mucha cautela en este asunto”, declaró en aquel entonces.

Se espera que el PT luche para que el proyecto de ley se someta a votación, ya que es un deseo expreso del presidente Lula, quien busca aumentar su índice de aprobación antes de las elecciones de octubre.