La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay emitió un comunicado de prensa para alertar sobre la proliferación de plataformas de juego online ilegales y recordarle a la ciudadanía cuáles son los canales habilitados para apostar.
El mensaje cobra relevancia debido a la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, y atraerá a una enorme cantidad de personas interesadas en realizar apuestas.
El organismo subrayó que en el país únicamente los juegos de azar y apuestas online autorizados oficialmente por el Estado garantizan transparencia, seguridad y confianza. La única plataforma concesionada actualmente habilitada para operar es Supermatch, que funciona bajo supervisión estatal y cumple con la normativa vigente.
Cuatro razones concretas para optar por el juego online autorizado
El comunicado de prensa explica que, en primer lugar, es importante la protección de los derechos del apostador, dado que la plataforma habilitada opera bajo normas claras con supervisión del Estado.
En segundo lugar, el aporte a la sociedad: los recursos recaudados a través de impuestos retornan a la ciudadanía en forma de servicios públicos. En tercer lugar, la seguridad financiera, ya que tanto las apuestas como los eventuales premios están respaldados por canales autorizados.
Por último, la diversión responsable: operar en plataformas legales evita la exposición a fraudes y elimina el riesgo de involucrarse (incluso sin saberlo) en esquemas de lavado de activos: “Con el juego ilegal, nadie gana. Involucrarse en sitios no autorizados puede implicar sanciones y pérdidas económicas”.
El comunicado incluye un llamado expreso a los medios de comunicación de todo tipo de plataforma y soporte: la publicidad de juegos no autorizados está prohibida por ley y será sancionada conforme a la normativa vigente.
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas tiene facultades para intimar el cese de ese tipo de publicidad y aplicar multas que pueden alcanzar hasta los 20 millones de unidades indexadas (130 millones de pesos) en los casos más graves, según establece el Decreto Nº 366/017.
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