En Costa Rica, se presentó un nuevo proyecto de ley que busca modernizar a la Junta de Protección Social (JPS) frente al avance de la era digital y fortalecer la lucha contra la operación de plataformas de juego online no reguladas.
La iniciativa, denominada “Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social (JPS)”, fue presentada por la vicepresidenta de la asamblea legislativa Esmeralda Britton bajo el expediente 25.600. Según detalla el texto, el mercado ilegal representa actualmente el 53 por ciento del sector de loterías y apuestas en el país, generando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares anuales que podrían destinarse a programas sociales y de salud.
Costa Rica busca actualizar su regulación del juego online
El proyecto surge en un contexto marcado por los intentos recientes de Costa Rica de avanzar hacia una regulación más moderna del sector del juego y las apuestas online.
Hacia finales de 2025, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había avalado el Proyecto de Ley 25.057, una iniciativa impulsada con respaldo técnico de la JPS que apuntaba a fortalecer los controles estatales y actualizar el marco legal de los juegos de azar en el país.
El expediente contemplaba la incorporación de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos dentro de la normativa vigente, además de establecer un “título habilitante” para operadores regulados y mayores mecanismos de control y supervisión.
Sin embargo, a comienzos de 2026, la misma comisión rechazó la iniciativa tras una votación interna, una decisión que generó preocupación dentro de la JPS y volvió a poner en evidencia los desafíos regulatorios que enfrenta Costa Rica frente al crecimiento del juego online y las estructuras ilegales.
En diálogo previo con SBC Noticias, Rosario Masís Pérez, coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, había explicado que la institución recibió la decisión “con preocupación”, al considerar que el proyecto representaba “una herramienta concreta para proteger recursos de fin social, fortalecer la legalidad y enfrentar un mercado donde operan estructuras ilegales que no aportan al país y sí generan riesgos sociales”.
En este escenario, el nuevo expediente 25.600 retoma buena parte de esos objetivos y vuelve a colocar en agenda la necesidad de adaptar la regulación costarricense a un mercado cada vez más digitalizado.
Costa Rica: la propuesta para modernizar la JPS
Al presentar el nuevo proyecto, la diputada Britton afirmó: “Hoy damos un paso necesario para proteger los recursos sociales de Costa Rica. No podemos permitir que el crimen organizado y las plataformas ilegales sigan aprovechándose de un vacío legal mientras miles de personas dependen de estos fondos para recibir atención y oportunidades”.
Además, agregó: “Esta ley adapta a Costa Rica a la era digital. Regular con tecnología también significa proteger a las personas, especialmente a los menores de edad y a las poblaciones más vulnerables. Queremos una regulación seria, moderna y transparente”.
Entre los principales puntos de la propuesta se destaca la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas para la supervisión del sector. El proyecto contempla sistemas de monitoreo en tiempo real, certificación de algoritmos para evitar manipulaciones y auditorías de software orientadas a reforzar la transparencia y el control operativo.
Asimismo, la iniciativa propone fortalecer los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero mediante la coordinación entre la JPS y organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
JPS: “La falta de actualización normativa mantiene intacto un mercado donde operan plataformas ilegales”
Durante su entrevista con SBC Noticias, Rosario Masís Pérez también advirtió sobre las consecuencias de no avanzar en una actualización normativa para el sector: “La falta de actualización normativa mantiene intacto un mercado donde operan plataformas y redes ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de control, no protegen a menores de edad y no aportan recursos al fin social”.
Asimismo, remarcó que estos esquemas “generan flujos económicos que pueden ser aprovechados por estructuras criminales”, reforzando la necesidad de dotar al Estado de herramientas más eficaces para supervisar el sector.
En relación con el componente digital, subrayó que hoy constituye uno de los principales desafíos regulatorios para Costa Rica: “El mercado ha evolucionado hacia plataformas y dinámicas online, lo que incrementa el riesgo de expansión de redes ilegales, suplantación y captación de recursos fuera de cualquier control institucional”.
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