El TSF de Brasil acelera la acción contra la ley de publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul

La ministra del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Cármen Lúcia, determinó la aplicación del procedimiento del artículo 10 de la Ley N° 9.868/1999 en el análisis de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7.971, que cuestiona la Ley N° 16.508/2026 de Rio Grande do Sul, responsable de imponer restricciones a la publicidad de apuestas en el estado.

En la resolución, publicada el 22 de mayo, la funcionaria solicitó, con carácter de urgencia y prioridad, información al gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, y al presidente de la Asamblea Legislativa del estado, Sergio Peres Alós. El plazo para responder es de cinco días, sin posibilidad de prórroga.


Una vez presentada la información, el proceso será analizado por la Fiscalía General de la República (AGU) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes dispondrán de un plazo máximo de tres días para presentar observaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley N° 9.868/1999.

Según el documento, tras las observaciones de las partes o una vez transcurridos los plazos establecidos, los expedientes deberán ser remitidos con carácter de urgencia a la oficina del relator.

ANJL cuestiona la medida contra la publicidad de apuestas

La Ley N° 16.508/2026 establece restricciones a la publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul (Créditos: Shutterstock).

La acción fue interpuesta por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que cuestionó la constitucionalidad de la ley de Rio Grande do Sul. La entidad argumentó que la ley estatal interfiere con las competencias de la Unión en materia de regulación de las apuestas online.


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La Ley N° 16.508/2026 establece restricciones a la publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul, incluyendo limitaciones de tiempo para los anuncios y normas relativas a la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables.

La adopción del procedimiento previsto en la Ley de Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI) se utiliza habitualmente en solicitudes cautelares consideradas pertinentes o urgentes, permitiendo la recopilación previa de información institucional antes del análisis de la medida cautelar.


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