Rincón Jurídico, Joberto Porto: El endeudamiento en Brasil surgió antes de la regulación de las apuestas

Tras los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo Federal (TSF) y del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la industria del juego y las apuestas, Joberto Porto, abogado y Director Jurídico de CDA Gaming (Casa de Apostas y Betsul), analizó el panorama del sobreendeudamiento entre las familias brasileñas.

En un artículo exclusivo para la sección Rincón Jurídico, Porto destacó que la actual situación de impago en el país no es reciente. Según el abogado, la Ley de Sobreendeudamiento se promulgó en 2021, cuando el propio gobierno reconoció el “deterioro progresivo de la capacidad financiera” de la población, es decir, incluso antes de la regulación de las apuestas online en Brasil.

Las apuestas por sí solas no explican el sobreendeudamiento de las familias.

Los intentos recurrentes de presentar las apuestas como el principal motor del endeudamiento entre las familias brasileñas destacan menos por la coherencia del diagnóstico y más por la conveniencia del objetivo. El problema no radica en reconocer que el juego puede exacerbar las vulnerabilidades individuales y sobrecargar presupuestos ya debilitados, sino en transformar una variable socialmente sensible en la explicación preferida de un fenómeno estructural antiguo y profundamente vinculado al costo del crédito, el compromiso de ingresos y la forma en que históricamente se ha financiado el consumo en Brasil.

Este debate exige cautela metodológica, ya que el sobreendeudamiento de los hogares no se originó en el mercado del juego. Cuando el Congreso modificó el Código de Protección al Consumidor mediante la Ley n.° 14.181/2021 (Ley de Sobreendeudamiento), ya reconocía que el país atravesaba un problema generalizado de concesión irresponsable de crédito, compresión del nivel mínimo de subsistencia y deterioro progresivo de la capacidad financiera de las familias. La patología, por lo tanto, es anterior y más amplia que la narrativa que ahora intenta condensarla en el sector de las apuestas.

Los datos más recientes refuerzan esta interpretación. El estudio de LCA sobre deuda y morosidad de los hogares concluye que el aumento de las morosidades desde 2020 está directamente vinculado a las deudas financieras, especialmente a las opciones de crédito más caras y a corto plazo. La encuesta muestra que, dentro del mercado de crédito libre, las tarjetas de crédito, particularmente las de mayor costo, siguen siendo el principal motor de la presión. En otras palabras, el núcleo del problema sigue siendo el costo y la calidad de la deuda, no una asociación simplificada entre la morosidad agregada y el gasto en juegos de azar.

La realidad reconocida por el propio Banco Central apunta en la misma dirección. En marzo de 2026, Gabriel Galípolo llamó la atención sobre el hecho de que una gran parte de la población está expuesta a líneas de crédito de emergencia con tasas superiores al 100 por ciento anual, abogando por un debate estructural sobre el tema. Este no es un detalle menor. Se trata de un reconocimiento institucional de que el problema del endeudamiento tiene su origen en el crédito caro, el crédito rotatorio, los pagos a plazos y la precaria situación financiera del consumo cotidiano. Ante esto, resulta aún más artificial intentar atribuirle a las apuestas la explicación preferida de un fenómeno que el propio entorno económico y regulatorio sitúa sobre bases mucho más profundas y sistémicas.

Lo más preocupante es que este planteamiento ya no circula solo en las noticias o en el debate político. Está empezando a llegar a los espacios institucionales del Estado, incluido el Tribunal Supremo, como si una hipótesis aún debatible pudiera aceptarse ya como premisa consolidada. Así se observó en el Tribunal Supremo Federal (TSF) el 22 de abril de este año, con motivo de la sentencia sobre la validez de los decretos del Poder Ejecutivo emitidos en la regulación de la Ley de Sobreendeudamiento. Este cambio es grave, porque las políticas públicas y las decisiones institucionales no deberían surgir de atajos narrativos, sino de diagnósticos metodológicamente sólidos.

Es precisamente aquí donde el debate público pierde profundidad. Una cosa es reconocer las externalidades y defender una regulación seria, un control riguroso y una mayor protección para los grupos vulnerables. Otra muy distinta es afirmar, categóricamente, que las apuestas se han convertido en la principal explicación del sobreendeudamiento de los hogares. Para una afirmación de esta magnitud, no bastan las impresiones vagas, los titulares repetidos ni las correlaciones débiles. Es necesario demostrar, de forma transparente, un vínculo sólido entre el gasto real, la pérdida de ingresos y la causalidad económica. Sin esto, el debate deja de ser un análisis y se convierte en una acusación apresurada.

Aquí hay una hipocresía que debe ser claramente señalada. Durante años, familias enteras fueron empujadas a relaciones de consumo basadas en crédito fácil, límites artificialmente seductores, cuotas interminables y tasas de interés que erosionaban silenciosamente los ingresos familiares. ¿Dónde estaba esta repentina conciencia social cuando la puerta de entrada al endeudamiento provenía precisamente de los instrumentos comerciales y financieros que contribuyeron a difundir la cultura del consumo financiado? Es preciso decirlo claramente: gran parte de la deuda financiera que actualmente asfixia a las familias brasileñas no se originó en 2024 con la regulación de las apuestas. Proviene de ciclos anteriores de consumo financiado, refinanciamiento recurrente y crédito caro, incluido el período posterior a la pandemia, y continúa afectando a familias que nunca han podido recuperar su salud financiera.

Cuando entran en juego las cifras, la retórica pierde fuerza. El estudio LCA estimó que las apuestas de cuotas fijas representan el 0,46 por ciento del consumo de los hogares. La misma encuesta indica un gasto mensual promedio de 122.00 reales (ciento veintidós reales) por jugador, equivalente al 3,3 por ciento del ingreso habitual promedio utilizado en el análisis, un porcentaje mucho menor que el compromiso de ingresos asociado al servicio de la deuda. Estos datos no eximen de responsabilidad a nadie, pero imponen un mínimo de honestidad intelectual: no es técnicamente grave convertir una variable relativamente modesta en la causa principal de una crisis estructural.

Hay otro punto que debilita la narrativa simplista. Según el mismo estudio, los jugadores y las personas endeudadas no constituyen, en términos generales, la misma población. El perfil demográfico de los grupos es distinto, con predominio masculino y una concentración de edad más joven entre los jugadores, mientras que las personas endeudadas parecen estar más extendidas y ser de mayor edad. Esto no elimina las situaciones de riesgo individuales, ni niega la necesidad de políticas de juego responsable, pero dificulta convertir el juego en una explicación aislada del endeudamiento de los hogares a escala nacional.

Tampoco ayuda confundir el mercado regulado con el mercado ilegal. Cuando se utiliza el término «industria de las apuestas» de forma genérica, sin distinguir entre operadores autorizados e ilegales, el diagnóstico es inherentemente erróneo. El entorno regulado opera con identificación de usuarios, trazabilidad, obligaciones de cumplimiento y deberes de divulgación. El entorno clandestino, por otro lado, prospera precisamente por la ambigüedad legal, la evasión de controles y la dificultad de supervisión. Mezclar estas realidades puede resultar atractivo para los titulares, pero compromete la calidad de las políticas públicas.

La consecuencia práctica de esta simplificación es negativa. Al elegir un culpable fácil, el país evita afrontar el debate verdaderamente incómodo sobre el crédito rotatorio costoso, los pagos a plazos prolongados, la baja educación financiera y el deterioro silencioso de los ingresos familiares. El debate se vuelve moralmente elocuente, pero técnicamente deficiente. Y, en materia regulatoria, un mal diagnóstico suele producir una mala solución, especialmente cuando convierte a sectores muy visibles en chivos expiatorios de problemas cuyos orígenes son mucho más profundos y generalizados.

Por lo tanto, el punto central no es exculpar al mercado de apuestas ni negar la necesidad de supervisión regulatoria. Se trata de rechazar un debate selectivo, en el que un problema estructural del sistema de consumo y crédito se reduce artificialmente a un único objetivo, socialmente sensible y políticamente rentable. Quienes realmente desean afrontar el sobreendeudamiento de los hogares deben comenzar por reconocer que este se origina, ante todo, en la calidad de la deuda, el predominio del crédito caro y el creciente compromiso de los ingresos con el pago de la deuda. Lo demás puede generar titulares, pero no resuelve el problema.